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viernes, 21 de agosto de 2015

Espera el campo

Los resultados parciales del Tercer Censo Nacional Agropecuario, hace 45 años fue el segundo, dicen del campo que: El 0,4% de los propietarios son dueños del 41% de la tierra, la pobreza multidimensional es del 45%, el 20% de la población entre 5 y 16 años nunca ha ido a la escuela, menos del 10% reciben asistencia técnica, El 90% no acceden a créditos, el 80% del uso agropecuario son pasturas.

Además hay que recordar que en los territorios rurales y en los cuerpos de sus habitantes es donde se ensaña la guerra; la presencia principal del estado para ellos han sido las Fuerzas Armadas que van al vaivén de la estrategia militar; de la existencia de mucha de sus gentes y lugares Colombia sólo se entera cuando sucede una tragedia o un hecho de guerra, que es lo mismo.

Son más de 10 millones los colombianos que han tenido que sobrevivir a una sociedad que los niega y vilipendia, a un país que ha intentado su camino hacia la modernidad dándoles la espalda; de hecho es corriente la utilización de los términos montañero, campechano, finqueño, con intención de menosprecio; en el fondo de este uso lo que hay es una burla a sus culturas, maneras económicas, formas de producción, saberes, ritos, creencias.

Lo que muestra el censo era tristemente predecible, su resultado no es casual sino causal, son expresiones de la mala política rural y hasta la ausencia de ella, basta recordar la precariedad de la estructura para atender el campo, de la cual en los últimos 30 años han desaparecido más del 80% de sus instituciones; todo esto aunado a temas como: Agroingreso Seguro, Carimagua, acumulación de baldíos, etc. que no parecieran ser sólo desviaciones del sistema sino perversidades consistentes de los que tienen en sus manos los recursos del y para el campo.

Un Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria de 1 indica que un país puede dar de comer a sus habitantes con lo que produce, el de Colombia al inicio de los 90 era 1,04 y en el 2009 es de 0,95; otra manera de decirlo es que hoy se importan más de 10 millones de toneladas de alimentos o sea el 28% de lo que va a la mesa.

El país ha hecho dos Intentos de reforma agraria el primero en la década de 1930 y el segundo hacia 1960, ambos fueron un fracaso; los hicieron colapsar los abuelos y padres de quienes hoy férreamente se oponen a cualquier cambio de fondo en el mundo rural; al contrario Colombia ha sufrido una contrarreforma en las últimas décadas y su método principal ha sido la violencia primero y luego los abogados. ¿En manos de quien está la tierra de más de seis millones de desplazados?

A los campesinos que siempre  han ilusionado con el “desarrollo” les han dicho que sus maneras de producir y existir son primitivas e ineficientes, que deben dejarlas atrás y sólo seguir las indicaciones del técnico de turno, pero los resultados del censo muestran que al “paraíso desarrollado” no los han llevado.

Cuando los que provocan y se benefician de esta tragedia son puestos en evidencia dicen del censo: “esto es una oportunidad”; también agregan “hay que digerir los datos”, frases cínicas bajo las cuales esconden su deseo y acción para perpetuar el actual modelo rural, a todos ellos hay que ponerlos en evidencia, quitarles su antifaz, dejarles desnudos sus excesos y perniciosas ambiciones.

La principal herencia de las familias campesinas ha sido la tragedia y la estigmatización, aún así ellas han transmitido por generaciones la esperanza, han seguido produciendo alimentos para si mismas y para el país, siguen aferradas a su tierra porque es su vida y también porque el espejismo de la ciudad casi siempre es sólo eso.

Para superar esta realidad es necesario integrar a la Colombia urbana con el mundo rural y para lo cual es necesario reconocer y respetar del campo su diversidad, su capacidad de organización, sus maneras de producción, sus arreglos económicos, sus iniciativas políticas, sus relaciones con los ecosistemas.

Afianzar la identidad nacional y corregir el camino exige ir a la entraña, al mundo rural, reconocer la importancia del campo, y esto no es un asunto de caridad, es la dignidad merecida por todos sus habitantes. Ese es el reto: pasar del círculo vicioso de la negación y el aislamiento al virtuoso del reconocimiento y la integración; los campesinos no sólo son capaces de liderar su propio bienestar sino de aportar al de todos los colombianos.

jairmontoyatoro@gmail.com
@jairmontoyatoro


http://conversarypensar.blogspot.com/2013/12/algunos-productos-del-autor-del-blog.html


lunes, 7 de abril de 2014

Capital social en comunidades campesinas cafeteras de Colombia - Jair Montoya Toro

Ir al documento completo Capital Social en Comunidades Campesinas Cafeteras de Colombia

El capital social es una teoría económica y social que se ha venido fortaleciendo en los últimos treinta años, esta expresa que los desarrollos de las comunidades están mediados por elementos mucho más allá de los monetarios, físicos e intelectuales y le da relevancia a las relaciones sociales, a la confianza, la solidaridad y las normas con las cuales existen y funcionan diversos grupos humanos. El capital social permite que los humanos nos observemos no sólo como individuos egoístas que permanecen en búsqueda del beneficio propio, sino también como seres que viven en comunidad y se preocupan por el bien común.

La presente investigación indaga por las expresiones del capital social en 22 comunidades campesinas cafeteras de los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca; para ello se valió fundamentalmente de un instrumento de toma de información que preguntó por elementos constitutivos del capital  social como la confianza, la solidaridad, las normas, los grupos comunitarios, las redes institucionales, la información y comunicación comunitaria, el empoderamiento, la acción política y la acción colectiva.

Los resultados de esta investigación permiten describir el capital social presente de manera profunda, es así como se evidencia que elementos constitutivos del capital social como la confianza, la solidaridad y las normas se encuentran de manera generalizada y similar en los cuatro departamentos, pero que las expresiones de capital social comunitario, capital social tipo puente y capital social tipo escalera se dan de manera diferenciada entre los departamentos; siendo el departamento con las más altas expresiones Nariño, seguido muy de cerca por el Cauca, a una distancia mucho mayor el Valle del Cauca y definitivamente más lejos Antioquia.

Los resultados sobre la acción colectiva y el empoderamiento muestran como las comunidades toman acciones para actuar en conjunto y atender sus necesidades, y como ello está basado en la creencia en su propia capacidad  para influir sobre sus territorios y hacer de sus espacios un mejor lugar; con relación a la acción política se dan resultados contradictorios al encontrarse una alta participación en los comicios electorales frente a una muy baja confianza en las instituciones gubernamentales, así como una escasa participación del gobierno en los grupos comunitarios.

Los resultados sobre acceso a información relevante para la comunidad y mecanismos de comunicación comunitaria expresan la mayor ausencia en todas las poblaciones exceptuando el departamento del Cauca, el funcionamiento eficaz del capital social exige entre otros insumos el flujo de información relevante y pertinente para las comunidades dueñas de este capital social.

Las comunidades campesinas estudiadas corresponden a sitios específicos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, son poblaciones minifundistas que tradicionalmente han estado excluidas de las diversas expresiones de lo que la actual sociedad considera “desarrollo”; esta investigación hace parte de un convenio de cooperación internacional denominado “Huellas de Paz” ejecutado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y financiado mayoritariamente por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo – AECID.

Palabras clave: Confianza, solidaridad, grupos comunitarios, acción colectiva, desarrollo social

jairmontoyatoro@gmail.com

@jairmontoyatoro




lunes, 16 de septiembre de 2013

El paro agrario en Colombia... Los campesinos alma de la nación...

Copiado de: http://smpmanizales.blogspot.com/2013/08/ante-el-vandalismo-neoliberal-la-lucha.html

Por Carlos Victoria 

Los 5 millones de desplazados que ruñen un hueso en las ciudades es la carátula con la que el modelo de desarrollo presenta sus pretensiones: un campo sin campesinos. Territorios vaciados de gente en manos de  agro negociantes y especuladores con las riquezas del subsuelo. La prosperidad democrática es un espejismo como los trozos de vidrio que llevó Melquiades a Macondo.

Los perdedores de los TLCs obligaron al gobierno Santos a acudir  al viejo libreto de la bota militar para sofocar la violencia desatada por las políticas neoliberales que surten la agenda de una modernización diseñada para hacer más ricos a los ricos, destruyendo vidas y empleos. 

Entre tanto la vieja y nueva clase política se rasga las vestiduras, mientras sus pechos se inflan de cobardía. No tienen escapatoria. Son los grandes derrotados de la jornada. Por eso apelan a medidas de corte dictatorial para ahogar en sangre la indignación social.

Lo ha dicho con toda claridad el premio nobel de economía, Joseph E. Stiglitz: “La globalización perjudica a los de abajo (…) está contribuyendo, casi con total seguridad, a nuestra creciente desigualdad (…) los cultivadores de maíz más pobres de México han visto cómo disminuían sus ingresos a medida que el maíz estadounidense subvencionado hacía bajar los precios en los mercados mundiales” (El precio de la desigualdad, 2012)


El paro agrario y popular es el despertar de un pueblo agobiado por la especulación financiera, la corrupción y la voracidad de un puñado de empresarios entronizados en los circuitos financieros del capital, capturando a su favor las políticas públicas. Santos es el ventrículo de esta operación, como ayer lo fue Uribe, y como lo han sido todos en el pasado. Orden y exclusión debería ser la inscripción en nuestro escudo patrio.


Lo mejor que le puede pasar a una democracia degradada, como la nuestra, es que se profundice la ola de indignación, la cual se agita en  6 de cada 10 hogares colombianos. Los cacerolazos que esta semana escuchó el mundo desde esa Colombia silenciada por el miedo es un síntoma en esa dirección. Son las voces que resultan de los “daños colaterales” (Z. Bauman, 2011) producto de las desigualdades en la era global. Por eso nuevos aires sacuden el polvo de la bandera.
Mi padre murió poniendo a secar al sol unos granos de café con la ilusión de venderlos a un buen precio. Mi abuelo salió expulsado de su mejora cerca de La Virginia mientras veía como en las haciendas celebraban a carcajadas el ensanche de sus predios y su hegemonía en todo el territorio. Por eso esta semana salí a recorrer las calles de Pereira. Eso le contesté a una periodista al preguntarme por qué marchaba. Claro, hay más motivos.

Si los campesinos salen derrotados en este lance sus días estarán contados, y el de millones de colombianos también. Si por el contrario resultan airosos la esperanza fertilizará los sueños de un país con oportunidades para ellos y los demás sectores de la población arrasados por el libre mercado. Por fin muchos colombianos han entendido que la pelea es peleando, porque como lo dijo C. Tilly (2010): los movimientos sociales afirman la soberanía popular en aras de producir profundos cambios políticos.


Mientras esto sucede la clase media muere bajo la ilusión de pensionarse, tener ingresos dignos y vivir con decoro. Muchos de sus miembros sacaron tímidamente las cacerolas, haciéndolas sonar en la oscuridad de sus balcones. Por fin fueron ciudadanos. Esa noche durmieron tranquilos. Se sacaron un clavo.


Los campesinos son el alma de la nación. No hay duda: los colombianos han expresado su simpatía por sus justas peticiones, y eso es lo que le molesta al régimen. Su sesgo anti-campesino  llevó al presidente de turno a desestimarlos: "El tal paro agrario no existe", dijo. Así la oligarquía bogotana pelaba el cobre, mientras millones los arropábamos con nuestras voces. La lucha continua. Las banderas de la justicia social flamean en el corazón de una Colombia con justicia social. El  “gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural", anunciado en las últimas horas es demagógico y politiquero. 

jairmontoyatoro@gmail.com

@jairmontoyatoro

lunes, 4 de marzo de 2013

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural razones para la esperanza. Principales rasgos del modelo rural en Colombia (Parte 2).

3. El modelo invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres

En la implementación del modelo se ha ignorado la forma desproporcionada en que las inequidades rurales afectan a las mujeres. En consecuencia, las instituciones públicas no han tomado nota de esta situación por lo que los intentos por incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo de la política pública han sido pocos, fragmentarios y débiles frente a la complejidad del problema.

Como se dijo, vivir en el campo implica estar sometido a varias manifestaciones de inequidad, pero cuando se es mujer estas se agudizan aún más. Las mujeres rurales se ven sometidas a varios tipos de discriminaciones que las sitúan en peores condiciones de vulnerabilidad frente a los hombres e incluso frente a otros miembros de la familia campesina.

Pág. 35

4. El modelo es excluyente

La presión por la tierra que ejercen empresarios, transnacionales, comisionistas y actores ilegales impide que campesinos, indígenas y afrocolombianos disfruten de los recursos del territorio, y que a partir de allí generen ingresos para procurar el bienestar de sus familias. Tales obstáculos excluyen al grueso de la población rural del principal activo para su supervivencia y bienestar: la tierra.

…Lo excluyente del modelo se manifiesta además en enfoques centralistas que han dejado a las regiones y localidades con una inexistente o precaria presencia institucional, y una monumental incapacidad para administrar, entender y responder en forma adecuada a las demandas de la población. Por ello, tanto los grupos sociales rurales como los mismos empresarios se sienten insatisfechos con la acción del Estado y sus políticas. La expresión común de que no existen políticas agrarias (que es incorrecta porque sí existen, pero son inconvenientes), es una manifestación de esta situación. Este es un modelo de desarrollo rural con pobreza de Estado, de sociedad civil y pobreza económica y social.

Pág. 37

5. El modelo no promueve la sostenibilidad


La ocupación del territorio ha transformado el paisaje. A pesar de ser un proceso de profundas raíces históricas, las actividades que en él se desarrollan se han abierto paso en medio de áreas destinadas por el Estado para preservar la reserva forestal, dedicadas al manejo y conservación ambiental y resultado de la asignación de territorios de propiedad colectiva a grupos étnicos. Sobre esta distribución geográfica particular se han afianzado las actividades productivas tradicionales y se están instalando unas nuevas: biocombustibles y minería, y consolidado la presencia de actividades ilegales, como los cultivos de uso ilícito. La explotación indiscriminada de los recursos del subsuelo no solamente representa una amenaza para la biodiversidad sino también para la protección de los recursos hídricos.



No ha habido preocupación por proteger el patrimonio ambiental del país. El agotamiento de los recursos naturales y la excesiva explotación productiva han puesto en riesgo ecosistemas estratégicos (nacimientos y fuentes de agua, páramos y bosques), coberturas vegetales y reservas forestales. Los fertilizantes y plaguicidas y las técnicas de establecimiento de los cultivos requeridos para el desarrollo de la actividad, han deteriorado la aptitud de los suelos más productivos. Los daños ambientales no son internalizados como costos para los productores agrícolas y pecuarios. La expansión de la ganadería se realiza a costa de la deforestación y ocupación de suelos con vocación agrícola.



La adecuación de terrenos a pastos, a partir de la adopción de técnicas extractivas de deforestación poco sostenibles también ha producido una elevada incidencia en la apertura de la frontera agrícola. Además, la inadecuada ocupación de las áreas rurales con actividades productivas y asentamientos humanos aumenta el riesgo de desastres. El carácter antrópico de la construcción del riesgo implica que el desarrollo rural no debe fomentarse en áreas caracterizadas por ecosistemas frágiles y de poca resiliencia. El impacto de la variabilidad y el cambio climático sobre las poblaciones y actividades rurales localizadas en áreas ambientalmente sensibles es más severo y costoso para la sociedad rural, debido al elevado riesgo de generación de desastres



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martes, 5 de febrero de 2013

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural razones para la esperanza. ¿Será que en esta ocasión si le toca a los campesinos?.

"Me preocupa el rumbo que está tomando la discusión sobre el problema agrario de cara a las negociaciones de paz. He asistido a varios foros entre expertos y líderes políticos y sociales. Se lanzan a la cara largos diagnósticos y complicadas propuestas para transformar el campo colombiano. No es eso lo que falta. Yo, que soy un simple columnista, explorador de temas diversos, de tanto oír sobre el asunto, tengo en mi cabeza el lío completo y las soluciones que se han ensayado en otras latitudes.

Resumo en unas frases lo que todo el mundo sabe. Tenemos una aberrante concentración de la propiedad, quizás la más alta del mundo: el 1,5 por ciento de los propietarios tiene el 52 por ciento de la tierra cultivable; también el más absurdo uso del suelo: 4,9 millones de hectáreas se dedican a la agricultura, 39,5 millones a una ganadería extensiva e ineficiente y cerca de 10 millones han sido concedidas para una explotación -de bajo compromiso social y muy agresiva con el medio ambiente- de minas e hidrocarburos. Esto ha llevado a que el campo sea más desempleado, más miserable, más pobre y más comprometido con la guerra, que las ciudades. 



Sigo. Está demostrado que la pequeña y mediana producción campesina acompañada de seguridad, de créditos, de asistencia técnica y de redes de comercialización, es abiertamente competitiva y puede generar mucho más empleo que la gran empresa agrícola. Pero también está demostrado que en algunos renglones de la agricultura es obligatoria una alta inversión de capital y la conformación de grandes empresas para resolver la creciente demanda alimentaria, jalonar el producto interno bruto y propiciar la modernización del campo. 



Igualmente se sabe que solo una decisiva intervención del Estado y una creciente participación de las comunidades en la regulación y el control de la minería y los hidrocarburos puede conducir a transformar esa riqueza natural en riqueza productiva y puede mitigar el grave impacto ambiental y social que en otros países ha tenido el boom de la minería y el petróleo. 



Es una pendejada discutir estas cosas sabidas mientras en el Congreso de Fedegán, realizado en la ciudad de Santa Marta, a finales de noviembre, José Felix Lafaurie enhebra una diatriba contra la posibilidad de un cambio en el agro derivado de las negociaciones de La Habana y arranca una salva de aplausos cuando dice que “no quiera Dios que hoy, los ganaderos, tengamos que tragarnos el sapo de una reforma agraria impuesta por las Farc”. Es la misma actitud que asumieron en 1971 frente a la movilización campesina pacífica y que llevó al ‘Pacto de Chicoral’ que suscribieron los gremios del campo encabezados por Fedegán con los liberales y los conservadores para echar al suelo la reforma agraria que había lanzado Carlos Lleras Restrepo. 



Ahí está el principal obstáculo. La muralla que nadie ha logrado derribar. También juega en contra de la transformación profunda del agro, la resistencia de la guerrilla y de la izquierda toda, al desarrollo capitalista del campo, bien reflejada en algunos apartes del discurso de Iván Márquez en Oslo. 


El país no puede perder la oportunidad que se abrió en La Habana para discutir una estrategia de choque que nos lleve a una redistribución de la tierra; y ahí, o se pacta con los grandes terratenientes o se los doblega, no hay otra alternativa. También es imprescindible una alianza de la guerrilla, las organizaciones campesinas y la izquierda con la dirigencia empresarial y política del país inclinada a la modernización del campo para estructurar un modelo que combine el impulso a la pequeña y mediana producción campesina con el desarrollo de la gran empresa agrícola y la explotación controlada y sostenible de la minería y el petróleo. Y para que esta revolución agraria fructifique es obligatorio desatar un gran proceso de organización y movilización de la población campesina. 

Tal debería ser el centro de la discusión en el foro que por encargo de la mesa de La Habana organizan la Universidad Nacional y el PNUD. No sea que Bruno Moro y Alejo Vargas, después de reunir a un jurgo de expertos y líderes gremiales y políticos, les terminen enviando a los negociadores de paz una interminable lista de recomendaciones tan farragosas como inocuas."

León Valencia, Ir a la Columna de León Valencia en la Revista Semana 

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